El Derecho juega un papel fundamental en la protección de los menores: establece un marco legal que protege sus derechos y su bienestar. En un divorcio, los menores no son parte del procedimiento en sentido estricto, pero sí son los principales sujetos de protección. Todo el procedimiento debe orientarse a su interés superior, un principio recogido en la legislación española y en la jurisprudencia.
Los juzgados no son el lugar idóneo para los menores, pero si deben acudir, que sea con todas las garantías para preservar sus derechos e integridad.
El interés superior del menor
Cuando los progenitores se separan, el juez no decide qué es mejor para los padres, sino qué es mejor para los hijos. Por eso la custodia, el régimen de visitas o la pensión de alimentos se resuelven atendiendo prioritariamente a las necesidades de los menores.
Derecho a ser escuchados
Los menores tienen derecho a ser oídos en los procedimientos que les afectan cuando tienen suficiente madurez y, en todo caso, habitualmente a partir de los 12 años. Sin embargo:
- El menor no decide con quién vivir.
- Su opinión es un elemento de valoración, pero no vincula al juez.
- La audiencia suele hacerse de forma reservada para evitar presiones familiares.
Custodia
El juez determina qué sistema es más beneficioso para el menor: custodia exclusiva de uno de los progenitores o custodia compartida. La tendencia actual de los tribunales considera la custodia compartida una opción normal y deseable cuando beneficia a los hijos y existe una mínima capacidad de cooperación entre los padres. Pero, como siempre en Derecho, cada caso debe estudiarse por separado.
Régimen de visitas
Si uno de los progenitores no tiene la custodia, normalmente se establece un régimen de visitas, comunicaciones y estancias para mantener la relación con los hijos. Se considera, sobre todo, un derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores.
Pensión de alimentos
Los progenitores tienen la obligación de contribuir al sustento de los hijos menores: alimentación, ropa, vivienda, educación, asistencia médica y gastos ordinarios de formación. Esta obligación existe aunque uno de los progenitores tenga pocos ingresos, salvo situaciones excepcionales.
Intervención del Ministerio Fiscal
En todos los divorcios con hijos menores interviene el Ministerio Fiscal, que vela por sus intereses y emite informe sobre las medidas que les afectan.
Uso de la vivienda familiar
El uso de la vivienda familiar suele decidirse atendiendo principalmente al interés de los hijos. Tradicionalmente se atribuye al progenitor con quien conviven, aunque la ley y los tribunales han ido admitiendo otras soluciones según las circunstancias. Por eso, los tribunales suelen rechazar que los padres utilicen a los hijos como medio de presión en el conflicto.